La Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA) en la que está representada la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) comparecía esta semana ante una Comisión de las Cortes que estudia la puesta en marcha del Impuesto sobre las Aguas residuales (IMAR) que viene a sustituir al polémico ICA, al que, en colaboración con la Red de Agua Pública de Aragón el movimiento vecinal se opuso por considerarlo injusto. Esta nueva propuesta que llega a las Cortes, si bien supone un avance en algunas cuestiones, seguimos considerándolo injusto y así se hizo saber en la Comisión.
Reproducimos el texto completo de la comparecencia leída en sede parlamentaria, tal y como la han publicado la web de la FABZ barriosdezaragoza.es.
COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE LAS CORTES DE ARAGÓN SOBRE EL IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL SOBRE LAS AGUAS RESIDUALES
En primer lugar, como miembro del Secretariado de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y de la Junta Directiva de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA), y en representación de las mismas, me gustaría agradecer la invitación a propuesta de Izquierda Unida para comparecer ante esta Comisión, en la cual intentaremos aportar el punto de vista vecinal ante este nuevo impuesto que sustituye al, para nosotros, injusto ICA.
Es necesaria una somera reflexión sobre lo que ha significado y conllevado el ICA, que desde su implantación generó una gran controversia social y medioambiental sobre su idoneidad y finalidad. El punto de inflexión fue el duro dictamen de la Cámara de Cuentas que se presentó en estas Cortes en su día sobre la viabilidad de la financiación del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
Ni el “fracaso, por no decir fiasco” del hoy caducado Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, así calificado por el propio Presidente del Gobierno de Aragón Sr. Lambán. Ni las movilizaciones ciudadanas, ni los miles de reclamaciones, ni la judicialización, ni la insumisión fiscal de un gran número de vecinos y vecinas, de Zaragoza fundamentalmente, ni el desacuerdo con determinados ayuntamientos aragoneses en contra de dicho Plan y su financiación, ni la acreditada inoperancia del Instituto Aragonés del Agua en ejecutar las actuaciones más señeras en zonas vulnerables pese a estar calificadas de interés general del Estado y financiadas por el Gobierno Central, incumpliendo todos los plazos y compromisos estatales y europeos para depurar las aguas, que llevaron a la CAVA a presentar una petición en el Parlamento Europeo de Bruselas para que abriera un expediente informativo al Gobierno de España sobre la falta de depuración en Zonas Vulnerables. Ni la injustificable falta del informe de rendición de cuentas y aplicación finalista del ICA pese al compromiso de la anterior Directora del IAA en la Comisión de Desarrollo Rural de 2015 en estas Cortes (informe que hubiera dado luz a este confuso impuesto). Nada de todo lo anteriormente expuesto ha conseguido hacer mella en la Consejería del Sr. Olona, y es solo ahora, después de años de “marear la perdiz”, cuando por fin, y después de quedar acreditado el fin y afán meramente recaudatorio del todavía vigente ICA, se plantea su reforma.
Para el colectivo vecinal que represento, este trámite ha empezado tarde y creemos que de manera no acertada. Como activos miembros de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), compartimos su análisis y propuestas para este impuesto, y que concretamos en los siguientes puntos:
- El IMAR sigue siendo el impuesto vinculado a la depuración más caro de España, con la cuota fija más alta.
- Se sigue sin poner un tope a la posibilidad de aumentar las tarifas del impuesto
- Se quiere penalizar dos veces a la población que ya soporta tarifas progresivas por los servicios que recibe.
- La oposición del Gobierno de Aragón a cobrar tarifas distintas en función de los servicios que presta genera agravios comparativos entre las poblaciones.
- La aportación como “cuota de corresponsabilidad” de la ciudadanía no debería superar los 5€ por habitante y año.
Recordemos que Zaragoza supone el 50% de la población de la Comunidad Autónoma de Aragón y representa, además, el mayor porcentaje de vertidos, no solo por el número de habitantes, sino también por la alta concentración industrial y la complejidad de su sistema de saneamiento y depuración. Todo ello hace que Zaragoza necesite inversiones en depuración del orden de 15 Millones €/año para culminar la depuración de todo su término municipal y asegurar la sostenibilidad del sistema, lo que implica un aumento de los recibos de entre el 20 y el 30%. Los zaragozanos y zaragozanas no pueden soportar solos nuevas inversiones con una probable subida en su recibo municipal, y a la vez pedirles la solidaridad mal entendida con todo el territorio.
Tal como manifestó en junio de este año el presidente de la Cámara de Cuentas, D. Alfonso Peña, ha llegado la hora de que la depuración y saneamiento de aguas de la capital reciba financiación autonómica para acometer obras, máxime cuando la capital lleva cinco años incluida en el sistema de pago ICA. El Instituto Aragonés del Agua tiene que revertir parte de ese esfuerzo fiscal en las infraestructuras de la ciudad. «Zaragoza no puede ser solo un contribuyente neto».
Para finalizar, aún compartiendo el principio de que el que contamina paga, el de la solidaridad territorial y la necesidad de depurar nuestras aguas residuales, los ciudadanos y ciudadanas aragoneses contribuyentes, no pueden ser los que soporten una figura impositiva mal planteada y poco transparente en su forma y fines. Por todo ello pedimos una seria reflexión sobre la idoneidad de la propuesta ahora planteada.