Concentración de Stop Desahucios. Foto: Enrique Cardoso.
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El decreto ley se centra en los pisos que han obtenido las entidades financieras por ejecuciones hipotecarias.
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Establece multas por incumplir la obligación.
El Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto ley por el que se obliga a las entidades financieras a poner a disposición del ejecutivo autonómico las viviendas que han obtenido por ejecuciones hipotecarias para destinarlas a alquiler social y que establece multas por incumplimiento de esta obligación.
Así se contiene en el decreto de medidas de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno en cumplimiento de los acuerdos de investidura firmados por PSOE, Podemos, CHA e Izquierda Unida.
Imposición a los poderes públicos
Tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha explicado que la “clave” del documento es que se “impone” a los poderes públicos la obligatoriedad legal de promover alternativas habitacionales a todas las personas en situación de vulnerabilidad que se vean afectadas por ejecuciones hipotecarias o por desahucios por impago de alquiler.
Así, por una cuestión de “decencia social”, se obliga a los bancos a ceder las viviendas vacías que han obtenido por lanzamientos hipotecarios a disposición del Fondo Social de Vivienda de Aragón, a cambio de una contraprestación económica que se fijará posteriormente en una orden del departamento competente.